El impuesto que sí tiene costo
Gonzalo Escobar – Académico Facultad de Economía y Negocios UNAB
Desde marzo a la fecha, tanto las bencinas como el diésel han presentado alzas muy importantes, lo que motivó recientemente un paro de camioneros. Y, nuevamente, la política buscó la salida más rápida: congelar precios y rebajar el impuesto específico a los combustibles al gremio a través de un incremento en la recuperación de este. Todo parece indicar que es una medida simple y popular, pero riesgosa. Lo que ahora nos deberíamos la preguntar no es si el remedio es deseable, sino quién lo recibe, quién lo paga y cuál es el sacrificio a cambio.
Primero, veamos esto desde una mirada fiscal. Todos los años, el impuesto específico a los combustibles -que es fácil de recaudar- ingresa a las arcas fiscales en torno a los US$ 3.000 millones, recursos que son destinados a financiar gasto social. Al eliminarlo, se genera una merma en los ingresos de forma permanente que solo se cierra con más deuda, recortes en otros programas sociales o nuevos impuestos. Por lo tanto, ninguna de las opciones anteriores es gratis, y la pagan también quienes no son dueños de camiones. El costo no desaparece, sino que simplemente cambia de bolsillo.
Segunda mirada: la equidad. Es cierto que en el caso del diésel el impuesto específico representa $108 por litro y en la gasolina, $434 por litro, por lo que reducirlo es bastante seductor. Sin embargo, una rebaja del impuesto genera beneficios a quien más combustible consume, sector que corresponde, por lo general, a hogares con más vehículos y mayores ingresos. Por lo tanto, esta reducción se transformaría en una transferencia regresiva que, además, sería financiada por todos. Por otro lado, y lo más importante, es que este es un impuesto que corrige externalidades negativas como la contaminación, una elevada congestión y accidentes de tránsito que la sociedad completa debe asumir. La posibilidad de rebajarlo o eliminarlo surge justo cuando el país tiene metas ambientales que cumplir.
Tercer aspecto para considerar: el Mepco, un mecanismo que opera ajustando el componente variable del propio impuesto. Modificar el impuesto es modificar también este amortiguador de precios, y con un precio del petróleo con elevada volatilidad, la disminución podría ser absorbida completamente por la próxima alza en los precios. La evidencia indica que lo que nace como algo transitorio, rara o muy pocas veces se repone.
Otro aspecto importante es que el transporte de carga ya cuenta con beneficios, entre ellos, el reintegro parcial del impuesto específico al diésel, que se vio mejorado para las empresas de transporte. Esto tiene un efecto para las arcas fiscales, dado que las empresas del rubro ya descuentan buena parte del impuesto -como crédito del IVA-, por lo que su costo efectivo es bastante menor al que enfrentan los automovilistas o los taxistas. Eliminar el impuesto para todos aumenta con recursos fiscales un beneficio que ya existe y que además es focalizado, terminando por beneficiar sobre todo a las firmas de mayor tamaño, que hoy recuperan un menor porcentaje. Mientras el taxista y el ciudadano común pagan el impuesto completo, la empresa de carga lo recupera en buena medida. Esa asimetría debería pesar en el debate.
Si cada paro termina otorgando un beneficio que se transforma en permanente, el mensaje a otros gremios es claro y, por lo tanto, el sistema tributario pasa a depender de la capacidad de presión y no de criterios técnicos. Si el problema es generado por la volatilidad en los precios, la solución es un mecanismo de estabilización más robusto, apoyo a las pymes del transporte y al transporte público, pero considerando cuáles son los costos, ya que la eliminación de un impuesto no es una política de precios; es una decisión sobre ingresos públicos tomada bajo presión, y sabemos que bajo presión las medidas tomadas rara vez salen baratas.