• 3 de diciembre de 2020

ABOGADO DAZA: “LOS QUE TIENEN QUE DAR EXPLICACIONES A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES SON EL ALCALDE FERNANDO PAREDES Y EL SEÑOR VELÁSQUEZ, Y NO AL REVÉS.” 

El destacado abogado Mauricio Daza   (en la imagen), que asumió la defensa del medio de comunicación “El Tirapiedras”, en un recurso de protección presentado por el Secretario General de CORMUNAT, explica algunos detalles del caso y afirma que dicha acción constituye un  “intento inaceptable para tratar de tapar antecedentes de relevancia pública y acallar las razonables críticas que se han hecho sobre su gestión”.  

La semana pasada se notificó que Alejandro Velázquez Ruiz, secretario general de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, CORMUNAT, presentó ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas un recurso de protección en  contra de nuestro medio de comunicación, “El Tirapiedras”, con el cual busca que se eliminen un conjunto de publicaciones donde se dan cuenta de hechos relacionados con su gestión en la Corporación, dentro de los cuales se incluyen revelaciones acerca del profundo y creciente déficit financiero que enfrenta y que ha aumentado exponencialmente durante su administración, el pago de un finiquito por más de 43 millones de pesos pagado en ese contexto de crisis con cargo a los dineros de dicha entidad, y la celebración de una operación de financiamiento para inyectarle más dineros CORMUNAT comprometiendo la propiedad fiscal sobre el Rodoviario de la comuna de Puerto Natales.

Además, Alejandro Velásquez le pidió a la Corte regional que se elimine “cualquier publicación” referida a su persona, y que se le den “excusas públicas” por las notas de prensa donde se releva y cuestiona su administración en  CORMUNAT.

 Para conocer sobre el alcance de esta acción presentada por Velásquez, entrevistamos al destacado abogado Mauricio Daza, querellante en  distintas causas a nivel nacional en las que se persiguen delitos graves de corrupción donde aparecen involucradas altas autoridades y grandes empresarios, tales como Corpesca, Penta y SQM, y quien asumió la defensa de nuestro medio en el señalado recurso de protección.  

¿Qué le parece el recuso de protección presentado por Alejando Velásquez en contra de “El Tirapiedras”?

Después de leer el recurso y revisar los antecedentes, queda claro que el Secretario de la CORMUNAT pretende poner una mordaza no solo a este medio, sino en general a cualquier persona que critique las actuaciones que ha protagonizado durante su administración de la corporación, lo que constituye un ataque bastante burdo a la libertad de información y de emitir opinión, propio de una democracia. 

Parece que Velásquez no entiende que las personas que administran entidades que tienen a su cargo actividades que son  de interés público están sometidas al control y las criticas de la comunidad, lo que no tiene nada que ver con la legalidad o ilegalidad formal de sus actos, sino con la manera en que realizan su labor. 

Además, existen abundantes fallos judiciales que sostienen con claridad que no se afecta el derecho a la honra ni se comete ninguna ilegalidad o arbitrariedad cuando se informa y critican los actos de quienes gestionan de cualquier forma el interés público.

Todo esto resulta especialmente cierto cuando hablamos de una entidad como CORMUNAT.

Sin embargo, se ha dicho que al tratarse de una corporación privada que legalmente no pertenece al Estado, entonces, lo que hagan sus trabajadores escapa al control ciudadano.

Eso no es efectivo. No sólo los actos de funcionarios públicos pueden y deben estar sujeto a un control ciudadano activo, el que solo se puede ejercer a través de la posibilidad que tienen los miembros de la comunidad de informarse y de opinar abiertamente, sino que también están sometidos a ese escrutinio quienes gestionan de cualquier forma el interés público, aúnque lo hagan desde instituciones privadas. 

Hay que recordar que en el caso de CORMUNAT, estamos hablando de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que tiene a su cargo entregar prestaciones de salud y educación, además de la protección de menores en situación de vulnerabilidad, lo que hace con aportes de dineros de origen público que le son entregados por la Municipalidad de Puerto Natales. Así que el secretario general de  esa institución no puede pretender que no se informe sobre su gestión, ni que nadie lo critique públicamente, especialmente cuando se le reprocha por varios miembros de la comunidad una serie de actos que comprometen gravemente el patrimonio de una corporación que pasa por una profunda crisis derivada de un enorme déficit financiero, con lo que se pone en riesgo la atención que se le entrega a la comunidad de Natales. 

Alejandro Velásquez señala que todo lo que hizo es legal, y que, por lo tanto, cualquier crítica en su contra no sólo sería injusta sino que derechamente ilegal. 

Eso no es entender nada acerca de como se ejerce los derechos fundamentales a informar y emitir opinión en una democracia. No es relevante que un acto sea formalmente legal, ya que la opinión publica puede y debe tener una vara más alta para evaluar como se desempeñan quienes gestionan el interés púbico, que el simplemente determinar si han cometido un delito o un acto ilícito. El parámetro es determinar si con sus conductas han afectado la debida gestión del interés publico que tienen a su cargo. 

Insisto, para hacer ese control democrático y ciudadano es imprescindible que la comunidad se pueda informar de manera transparente y completa sobre los actos que realizan y que sean de relevancia publica, y puedan expresar las críticas que estimen pertinentes sobre tales conductas, cuando se considere que afectan el interés general. 

En ese contexto, que le parecen los hechos denunciados sobre la actuación de Velásquez y el Alcalde Paredes en relación a la CORMUNAT.

Me parece muy razonable que se informe de manera amplia sobre la gestión del señor Velásquez en la CORMUNAT, además de las decisiones que ha tomado en ejercicio de su cargo el Alcalde Paredes en relación a lo mismo. Sobre todo si se considera que los hechos sobre los cuales se ha informado no han sido negados por ellos. 

Nadie niega que la municipalidad de Puerto Natales, por inicitativa del alcalde Paredes, comprometió la propiedad fiscal sobre el Rodoviario de la comuna para obtener financiamiento destinado a enfrentar el grave déficit de CORMUNAT. Tampoco se niega que el déficit de la corporación aumentó de manera sustantiva durante la gestión del señor Velásquez. Además, nadie niega que se firmó un finiquito por “mutuo acuerdo” entre la corporación y el señor Velásquez, en medio de esa crisis financiera, por un valor superior a los 43 millones de pesos, y que poco después fue recontratado para el mismo cargo por un sueldo superior al que recibía antes. 

En ese contexto, que Velásquez y el Alcalde Paredes pretendan pedir explicaciones a través de acciones judiciales contra quienes han informado de hechos no controvertidos y que los han criticados por esos hechos, que no son controvertidos por nadie, me parece que es un descaro. 

En rigor, los que  tienen que dar explicaciones a la comunidad de Puerto Natales son los señores Paredes y Velásquez, no al revés. 

Además se ataca judicialmente a un medio que es completamente independiente, ya que no recibe financiamiento de la municipalidad, y no lo pueden controlar por esa vía.  

 Al final parece que se buscara que en Puerto Natales las autoridades puedan hacer lo que quieran en el ejercicio de sus funciones, y que nadie pueda informar lo que hacen ni menos cuestionarlos, bajo amenaza de acciones judiciales. Verdaderamente impresentable.

¿Cómos sigue el proceso judicial?

Nosotros ya hicimos nuestra presentación ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas a fin de que se rechace el recurso de protección de Velásquez, con expresa y ejemplar condena en costas. Una vez que se notifique a todos los recurridos y ellos hagan sus presentaciones, se va a fijar una audiencia para que la Corte escuche a las partes y decida. En contra de esa resolución se puede apelar, a fin de que sea la Corte Suprema la cual resuelva de manera definitiva el caso. 

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