Candidatura de Karla Añez y la banalización de la responsabilidad política

Por: Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar

Karla Añez, candidata del PDG por Arica y Parinacota para integrar el Consejo Constitucional no está habilitada para ejercer el cargo al que postulaba. En efecto, la candidata cuenta con dos condenas anterior por tráfico de drogas. La segunda condena, impuesta el año 2012 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, le impuso la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras durara la condena.

Al margen de la discusión normativa, está claro que Añez tiene vigente una pena que le impide ocupar cargos públicos, ya que su ciudadanía no ha sido rehabilitada por el Senado y, aunque ello hubiese ocurrido, la pena accesoria seguiría vigente, siendo aplicable lo dispuesto en el art. 17 de la Constitución y las normas contenida en el D.L. 409 de 1932.

Al margen de las consideraciones meramente jurídicas, es importante detenernos en el análisis de las reacciones políticas emanadas de dirigentes del Partido de la Gente y de su referente Franco Parisi. En efecto, Luis Moreno, presidente del PDG señaló que si Añez resultaba electa el Partido “tendría que apoyarla” y el mismo Parisi tratando de bajar el perfil al asunto en un programa de debate político se preguntaba ¿cuántas veces tenemos que castigar a una persona que cometió un error, una falta grave’? Estas palabras me parecen sumamente graves, especialmente cuando provienen de un dirigente que aspira a ser Presidente de la República o al menos jugar un papel importante en el sistema político chileno, ya que si bien, es verdad que todas las personas tenemos derecho a enmendar nuestros errores y faltas e incluso reinsertarnos después de cometer un delito, cuando ese “error” o mejor dicho ese delito es de tráfico de drogas los estándares deben ser extremadamente altos.

En una sociedad democrática narcotráfico y política nunca pueden coincidir, es sabido que cuando el narcotráfico se incrusta en el aparato estatal, la corrupción se extiende cual metástasis contaminando el ejercicio del poder, transformando el Estado y sus instituciones en meras herramientas de los mafiosos.

Por ello, es inaceptable políticamente que una colectividad pretenda restar importancia al hecho de que una persona condenada dos veces por tráfico de drogas aspire a escribir nada menos que una Constitución. Claramente los filtros del PDG no funcionaron, y eso es criticable, por cierto, pero me parece que eso no es lo más grave. Sin duda lo más preocupante es la incapacidad, la soberbia y el cinismo de no reconocer ante el país que se cometió un error y que hay personas cuyo pasado delictivo (los narcotraficantes, por ejemplo) no pueden tener nunca cabida en una colectividad política seria.

Finalmente, es necesario hacer un llamado de atención al Estado, en orden a modernizar las instituciones y fortalecer los principios de colaboración y cooperación, que impidan que situaciones graves y bochornosas como las vividas esta semana con la candidatura de Añez vuelvan a ocurrir.