El baile de las canastas familiares
Canastas familiares: en febrero municipio natalino destinó $43 millones 500 mil pesos para la compra de víveres y alimentos
Por su parte, la gobernación provincial también dispone de un ítem para ayudas sociales y canastas familiares
Al revisar la licitación ID 2663-15-LE20, que licitó el municipio de Natales en Mercado Público en el mes de febrero y adjudicó a un único oferente- una distribuidora y frutería natalina- por $43 millones 500 mil pesos para entregar canastas ($34.276 valor neto por canasta) durante el año 2020, esto previo a la pandemia, demuestra que más allá de la contingencia propia que significa el coronavirus, las instituciones disponen de recursos propios anuales para asumir eventos fuera de planificación. Mismo caso, es el de la gobernación provincial, quienes también cuentan con un departamento social y presupuesto con el que afrontar algunas puntuales necesidades sociales.
Eso sí, en el caso de Puerto Natales, se carece de un catastro aproximado que cuantifique cantidad de cesantes y hogares vulnerables, del mismo modo, respecto de la cantidad de adultos mayores y postrados que pudieran ser objeto de estas ayudas. Todo lo demás, queda a discreción del municipio y la gobernación y, hasta cierto punto, a cargo de la opacidad de estos servicios públicos, tal cual como sucede en el contexto nacional. No tenemos cómo saber si las ayudas han llegado a quienes tienen que llegar y no a los clientes políticos o a los conocidos y amigos.
Ello, de suceder, va siempre en desmedro de los auténticos carenciados y cesantes, los cuales muchas veces no acceden a los beneficios sociales ni se acercan a los departamentos sociales, porque, además, descreen de estas instituciones públicas.
Lo que obliga a estos servicios (o debiera) a afinar la estrategia, salir al territorio, hacer la pega, pero hacerla bien, con tacto y discreción y sin tanta parafernalia.
Por otro lado, sería sano que más allá de los efectos propagandísticos y de los eventuales aprovechamientos políticos que pudieran producirse; conocer y acceder al detalle de las licitaciones, compras y contratos de las ayudas sociales que con tanto bombo promueven en los medios de comunicación.
Es deber de las autoridades cautelar el buen uso y destino de los recursos fiscales, de los ciudadanos el requerir información y de los medios y prensa en general, informar sin cortapisas y censura.
Vivimos en un estado y sociedad democrática obtenido con el sacrificio y lucha por los cuales muchos entregaron sus vidas, no olvidemos el período negro que vivió Chile en la dictadura militar.Por lo tanto, este país y recursos son de todos los chilenos, no de un gobierno en particular o de una autoridad transitoria que se arroga todos los poderes y no le gusta ni alienta el control ciudadano.
