LA PUERTA GIRATORIA

Por: Rodrigo Cid Santos

En los últimos años, bastante se ha hablado de la “puerta giratoria”, concepto utilizado para definir el paso sin escalas de un alto funcionario público al mundo privado, o viceversa. Sin embargo, y a pesar de los avances en materia de transparencia, esta práctica, que deja en evidencia el límite difuso que separa la función pública del mundo empresarial, cada tanto se conocen casos que dinamitan la confianza en las instituciones. Es lo que acaba de ocurrir, en el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes.

El medio de comunicación “Interferencia”, denunció que Karina Bastidas, quien ejerció como Directora Regional de dicha repartición pública, renunció a su cargo en julio de 2017, para convertirse en lobbista de la Salmonera Australis, la empresa dueña del proyecto “Planta Procesadora Puerto Demaistre”, ubicada a (01) kilómetro de Puerto Natales, y que ha sido blanco de críticas y protestas por parte de la comunidad. Según el artículo, en marzo de 2018, Karina Bastidas participó en una audiencia como lobbista y representante de la compañía salmonera, ante su antiguo colega y ahora Director del SEA Magallanes, José Luis Riffo. Sería sólo la primera de varias reuniones con autoridades gubernamentales.

Todo esto resulta particularmente grave, por cuanto en pocos meses la fiscalizadora del medio ambiente, pasó a formar parte de una empresa fiscalizada por el servicio. Y no sólo eso. Según publica “Interferencia”, una vez aprobado el controvertido proyecto, que para su tramitación sólo requirió de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la empresa, y sin que se ordenara un Estudio de Impacto Ambiental, como hubiera correspondido por la envergadura y potenciales efectos nocivos de la mega planta, Karina Bastidas retornó al aparato público, como si nada hubiera pasado: en febrero de 2019, la bióloga fue nombrada Directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos. Nuevamente ejercerá el rol de fiscalizar a un sector que ayer representó como lobbista y gestora de intereses.

Según Chile Transparente, en el país no existe una norma general que regule la “puerta giratoria”. Y sólo se establecen ciertas inhabilidades o restricciones temporales, en su mayoría de seis meses, para cargos específicos. Por tanto, mientras no se sancione una legislación amplia que le ponga un candado al impúdico tránsito de autoridades que manejan información privilegiada, entre el aparato público y las grandes empresas, las comunidades seguirán a merced de instituciones capturadas por el lobby y el conflicto de interés.

Sin embargo, la experiencia indica que no basta con dictar una ley. La probidad y transparencia también dependen de la honestidad y formación ética de las autoridades. Ya lo decía Thomas Jefferson, el tercer Presidente de Estados Unidos: “cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Por tanto, se trata de personas que deben estar al servicio de toda la ciudadanía y no de los intereses de un sector en particular. Por muy poderosos que sean, y aunque existan millones de razones para cambiarse de vereda.-