Comunidades exigen protagonismo en la toma de decisiones, mientras el BID debate el futuro energético en Magallanes sin la Sociedad Civil

Exigimos que la transición sea un camino hacia una transformación socio ecológica basada en la justicia ambiental que considere a las comunidades como protagonistas y principales beneficiarias y que erradique todo tipo de violencias.

Tal como opera el modelo de financiamiento hoy en día, la  transición energética justa es solo es un eslogan para una nueva oportunidad de negocios e inversión que  perpetúa el sistema colonial de extracción y explotación de los países del sur global. Esta inversión significa préstamos y endeudamiento para los países receptores. Arguye la urgencia de reaccionar  ante el cambio climático y la crisis que conlleva, pero no considera las afectaciones sociales que el cambio climático no ha hecho más que agudizar, enfocándose solo en emisiones  de gases de efecto invernadero y sus efectos, invisibilizando  -una vez más- la usurpación de territorialidades, cuerpos, formas de vida, saberes tradicionales y economías a pequeña escala.

Esta manera de operar omite la desigualdad, a quiénes afecta el cambio climático, en qué medida y para quiénes esta transición energética es realmente justa, a costa de que mujeres, pueblos originarios, niñeces y grupos marginalizados sigamos sosteniendo el sistema extractivista con nuestras vidas.

Se aborda la crisis climática como un problema en torno a los combustibles fósiles y no como un problema del modelo de extracción, producción y consumo. Plantean como suficiente cambiar la fuente de energía por renovables, y basan la transición en minerales críticos que dependen de la minería, convirtiéndolas – a modo de greenwashing- en supuestas exportaciones “verdes”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice tener como objetivo erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Para ello tiene diversas salvaguardas medioambientales, sociales, con enfoque de género y un mecanismo de reclamación que supuestamente resguardan que las inversiones no afecten de manera negativa a las comunidades. La realidad es que toda esta burocracia queda en declaraciones de principios que luego están a merced de cómo los gobiernos de turno las desarrollan. Ante aquello, el BID responde de manera negligente aludiendo a que cada estado es soberano e independiente en cómo desarrolla los proyectos, haciendo en definitiva que todas sus salvaguardas sean de papel.

La industria del hidrógeno verde en Magallanes pretende una suerte de segunda ola de   colonización verde para permitir la transición energética del norte global (países más desarrollados del mundo). Esta agenda verde busca invadir nuestras pampas con aerogeneradores para la producción de amoníaco e hidrógeno verde. Tal producción usufructúa de nuestro viento, tierra, y agua de mar para ser desalada, sin norma nacional que lo regule y sin considerar nuestras formas de vida para convertir a Magallanes en una zona de sacrificio que exporta energía renovable a costa de sus personas y su naturaleza. Sabemos que este tipo de inversiones que conlleva una explosión demográfica acelerada solo trae gentrificación y colapso de los sistemas de vivienda, sanitarios y sociales además de un cambio radical e irreversible en nuestras formas de habitar, saberes, tradiciones y expresiones culturales, lo que no es más que precarizar la vida.

Magallanes tiene una tasa de crecimiento de 1%, una población de poco más de 180.000 habitantes y no es una región industrial por lo que no tiene puertos de la magnitud para tal actividad. La densidad poblacional es de 1.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con solo un centro asistencial de alta complejidad y solo una carretera que  tendría que amortiguar el tránsito particular e industrial. Se suman los índices de violencia de género y de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes más altos del país. Es en esta realidad en donde el BID endeuda al Estado de Chile para promover la exportación de energía “verde”. Deuda de US$400 millones que ha sido traspasada a CORFO, a lo que nos preguntamos ¿cómo es que una Corporación de Fomento Productivo podrá hacerse cargo de las desigualdades estructurales para permitir la superación de la pobreza, asegurando que la inversión del dinero no solo caiga en manos de privados? Ni siquiera el mecanismo de reclamación cumple con el mínimo establecido por el BID ¿Y qué dice el BID al respecto?

Como “guinda de la torta”, el Gobierno de Chile está presionando para acelerar la tramitación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales y una Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ambas orientadas a incentivar la inversión a costa de una baja de los estándares ambientales y participativos, para permitir una mega escala de producción a un paso acelerado, sin la prevención medioambiental necesaria para proteger la salud de las personas y su impacto en el medio humano, dejándonos aún más desprotegidos en medio de una continua precarización de la vida en nuestro país.

Este es el escenario en el que los inversores del BID a pesar de sus salvaguardas deciden ignorar estos problemas y visitar Magallanes en conjunto con el gobierno. Se reúnen en nuestro territorio sin participación ciudadana crítica o con invitaciones de última hora, las cuales rechazamos porque estas reuniones operan de manera corporativa sin entender la manera en que la ciudadanía produce y reproduce la vida y defiende sus territorios. No aceptaremos espacios de participación a medias y jerárquicos e interpelamos a los inversores del BID ¿cómo se harán cargo de la desigualdad que el desarrollo de la industria del hidrógeno verde efectuará en Magallanes? ¿Cómo disminuimos la desigualdad en el planeta si la transición energética se basa en la explotación de energías verdes en el norte global pero la quema de combustibles fósiles en el sur global? ¿Cómo eliminamos la violencia de género en una escenario extractivo donde las mujeres no tenemos posibilidades de existencias dignas? La pobreza no disminuye cuando la base es el retroceso en la normativa ambiental para la ejecución de los proyectos a la medida de los privados.

Exigimos que la transición energética sea un proyecto transformador, que responda a las necesidades de las personas y no de intereses económicos de empresas transnacionales. Demandamos el acceso a una energía sustentable y asequible para todas y todos, que inicie la transición de Magallanes hacia un matriz libre de combustibles fósiles. Ello implica que su desarrollo parta de la base del consentimiento previo libre e informado y la autonomía de las comunidades para integrarse a nuevos modelos económicos, a pequeña escala, que puedan permitir la mejora en la calidad de vida y el acceso a trabajo decente y que avance en la participación y toma de decisiones de las mujeres en el mundo laboral, social y político, ya que sin feminismo no hay transición energética justa.

Adhieren

–Fundación A.C.U.E. Asamblea Ciudadana Última Esperanza.

–Coordinadora Feminista Punta Arenas

–Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

–Fundación Ciudadanos y Clima

–SCAC Magallanes Sociedad Civil por la Acción Climática.

– ONG Sustentarse – ONG Energía Colectiva

– ONG Fima

–Plataforma Chilena Derechos Humanos y Empresas.

–Secretaria Medio Ambiente y Transición Justa CUT.

*Fotografía: Lienzo desplegado en Pali Aike, lugar protegido de interés antropológico, científico,y turístico, que sería intervenido por la mega industria.