Criminalización de las organizaciones socio-ambientales y comunidades de pueblos originarios: ¿Quo vadis industria salmonera en Chile?
Por: Juan Carlos Cárdenas y Patricio Igor Melillanca
Centro Ecocéanos
Treinta y ocho comunidades de pueblos originarios de la Patagonia chilena, y organizaciones socio-ambientales de Chile, Argentina, Perú, México, Colombia y Surinam, enviaron una carta abierta a las patronales Global Salmon Initiative y el Chilean Salmon Marketing Council. En ella se solicita que ambas entidades empresariales den a conocer su opinión sobre la acusación realizada por su empresa socia Salmones Camanchaca contra las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas durante el seminario corporativo Stim 2022 realizado en Lofoten, Noruega, y difundida posteriormente por los medios informativos de esta mega industria transnacional.
En su exposición sobre las diferencias y similitudes entre las industrias de Chile y Noruega, Tore Vanderhaug, director de Salmones Camanchaca, alertó sobre la creación de un “círculo amenazante” para las actividades empresariales, que impulsan las acciones reguladoras del nuevo gobierno sudamericano, junto a las acciones de las organizaciones ambientalistas, a las cuales calificó como “la mayor amenaza” para la industria productora y exportadora de salmones de cultivo industrial con base en Chile.
Debido a las potenciales consecuencias de esta acusación corporativa sobre los derechos humanos y la integridad de los defensores y defensoras del medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades de pueblos originarios, las 38 organizaciones firmantes han requerido conocer si el Global Salmón Initiative y el Chilean Marketing Council comparten la caracterización de las organizaciones socio-ambientales como la principal amenaza para la industria del salmón en Chile, si concuerdan con la visión que las acciones reguladoras del nuevo gobierno chileno presidido por Gabriel Boric crean un “círculo amenazante” para la industria, y conocer si este comportamiento de su empresa asociada es coherente con sus estándares de gobernanza corporativa.
Es llamativo que esta acción empresarial se haya realizado a las pocas semanas que Chile adhiriera al Tratado de Escazú. Este instrumento internacional vinculante, garantiza los derechos de acceso a la información y a la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales, junto con asegurar el acceso a la justicia y la protección de los y las activistas de las comunidades indígenas, organizaciones, y movimientos socio- ambientales.
Esta criminalización de las organizaciones y movimientos de defensa ambiental ocurre en momentos que la organización internacional Global Witness alerta sobre el aumento de la violencia en América Latina contra los defensores y defensoras del medio ambiente y los derechos humanos, siendo nuestro continente la región de mayor peligrosidad a nivel mundial, con 165 asesinatos ocurridos durante el 2020.
Chile es parte de esta amenazante realidad, ya que a lo menos cuatro activistas de comunidades locales,- Macarena Valdés, Javiera Rojas, Alejandro Castro y Marcelo Vega,-han sido muertos por oponerse a proyectos mineros, forestales, agrícolas y de energía de alto impacto ambiental, sanitario y social.
¿Se ha iniciado una cruzada empresarial anti-ambientalistas y contra los pueblos originarios en el sur de Chile?
Esta acusación de Salmones Camanchaca ocurre en momentos de profundos cambios, nuevas amenazas y oportunidades para la sociedad chilena, donde los intereses y alianzas de las asociaciones patronales salmoneras, pesqueras, del transporte naviero y terrestre, intentan crear las condiciones que justifiquen futuras acciones de amedrentamiento contra el movimiento socio-ambiental, y las comunidades de pueblos originarios.
En lo inmediato sus objetivos apuntan a detener las exigencias de moratoria a la expansión de los monocultivos industriales de salmónidos; la salida de los centros de cultivo desde los ecosistemas vulnerables (fiordos, canales internos, lagos y ríos), así como de las áreas silvestres protegidas y parques nacionales de la Patagonia chilena, y bloquear la aplicación de la ley 20.249 de Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche).
Con posterioridad a la acusación efectuada desde Noruega, la industria salmonera con base en Chile, dio un paso mas en su encuentro Aquaforum Patagonia (23 de junio, Punta Arenas, región de Magallanes), donde utilizando a sus dirigentes sindicales, acusaron a las organizaciones ambientalistas de “hacer llamados ortodoxos (sic)” para manipular la Ley Lafkenche, con el fin de “bloquear cualquier tipo de desarrollo productivo”.
Después del envío de la carta abierta, Tore Vanderhaug ha pedido disculpa mediante una publicación de la industria pesquera y acuícola de Chile. Sin embargo, en ella le resta importancia a la denuncia de las organizaciones ciudadanas y comunidades locales, señalando que la acusación fue “ una parte bastante menor de mi presentación. Solo señalé que estos son factores que limitan el crecimiento futuro”.
Hasta la fecha, el Global Salmon Initiative y el Chilean Marketing Council han permanecido en silencio, lo cual permite sacar conclusiones si la acción de Salmones Camanchaca constituyó un exabrupto aislado, o corresponde a la implementación de una agenda de amedrentamiento corporativo que se encuentra en marcha.
