• 30 de marzo de 2023

Fundación Terram y Observatorio Ciudadano se refieren a muerte de trabajadora buzo comercial en centro de cultivo de Nova Austral

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Resulta inaceptable que, tras décadas de crecimiento de la industria salmonera, el Estado aún no sea capaz de regular lo suficiente para proteger la vida y la integridad física y psíquica de sus trabajadores y trabajadoras, por lo que urge que el actual Gobierno elabore e implemente regulaciones que cambien esta situación, ya que desde 2004 son 44 las personas que han muerto realizando labores de buceo para esta industria.

La mañana del pasado lunes 22 de agosto, Kateryn Pérez Moraga (30) falleció mientras realizaba labores de buceo en uno de los centros de cultivo de salmones de la empresa Nova Austral, ubicado al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes. En el mismo evento, otros dos trabajadores de la misma empresa contratista, Austral Service SpA, sufrieron una descompresión durante el rescate y fueron trasladados al Hospital Naval de Punta Arenas para ser ingresados a la cámara hiperbárica del recinto.

En la salmonicultura, el trabajo de buceo incluye la reparación de redes, la instalación de infraestructura y la extracción de peces muertos, siendo la labor donde se produce la mayor cantidad de accidentes graves o con resultado de muerte. Según el Informe ”Industria salmonera en Chile y derechos humanos – Evaluación de Impacto Sectorial”, realizado conjuntamente por el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el año 2004 y 2017 ocurrieron 164 accidentes de buceo en la industria salmonera en Chile, donde 32 personas perdieron la vida en estas labores.

Esta situación contrasta con otros países que también producen salmón, como Noruega. El mismo informe señala que, entre 2008 y 2017, el mayor productor de salmón a nivel mundial registró una muerte por labores de buceo, mientras en ese mismo periodo en Chile 20 buzos murieron trabajando para una industria que, durante los últimos 31 años, sostuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 105%.

El hecho de que en Chile se produzcan 20 veces más muertes de buzos que en Noruega, solo expresa la brecha que existe entre ambos países en materia de seguridad laboral. Según el informe citado, la inseguridad laboral se expresa de diversas maneras, tales como realizar labores de buceo aun cuando las condiciones climáticas no son las adecuadas por presión de las empresas, períodos de descansos insuficientes acordes al tipo de trabajo, o falta de equipos e insumos adecuados como, por ejemplo, una cantidad suficiente de cámaras hiperbáricas y profesionales médicos para una oportuna atención ante emergencias, fundamentales ante problemas de presión, comunes por el tipo de trabajo.

Desde Fundación Terram y el Observatorio Ciudadano consideramos inaceptable y preocupante que luego de décadas de crecimiento sostenido de la salmonicultura, el Estado aún no sea capaz de regular y fiscalizar lo suficiente para proteger la vida y la integridad física y psíquica de sus trabajadoras y trabajadores. Un ejemplo de esto, es que el Decreto N° 752/1982, que regula la actividad de buceo, solo exige cámaras hiperbáricas para labores bajo los 40 metros, profundidad mayor a la habitual de las balsas jaulas.

Sumado a lo anterior, los protocolos que han realizado los gremios salmoneros, como Consejo del Salmón y SalmonChile, para labores de buceo son de carácter voluntario, al no estar regulados por el Estado, mientras que la normativa vigente no les exige hacerse responsables ante este tipo de accidentes. Así es como, por un lado, la industria suele destacar la cantidad de empleos directos e indirectos que la sustentan, mientras que, en materia de derechos laborales, el sector salmonero se desentiende de la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores, sumado a su baja receptividad para asumir y afrontar afectaciones en derechos humanos documentadas en esta materia.

Cabe señalar que, de acuerdo a los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas, adoptados el año 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos les exige, entre otros aspectos

prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales.

Hasta hoy, no existe en Chile información fiscal pública y actualizada sobre cuántas personas trabajan en los distintos procesos productivos, tanto trabajadores directos como subcontratados, y que componen la totalidad de la industria salmonera, a pesar de ser el salmón uno de los principales productos de la canasta exportadora. Por lo mismo, urge que el actual Gobierno comience a trabajar en generar y relevar estos datos, mientras que, de forma paralela, se decida por elaborar e implementar regulaciones que protejan la vida y salud de las trabajadoras y trabajadores de la salmonicultura, como también por fortalecer la capacidad fiscalizadora de los organismos públicos en esta materia.

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