Nueve puñaladas sin explicación: lo que Chile no quiere ver de la violencia escolar
Romina Irribarra Vivanco
Directora programa de Pedagogía en Educación Media
Universidad Andrés Bello
Una niña de 7 años, de segundo básico, atacada en el baño de su colegio por una compañera de 13 años que, dice la propia víctima, «ni siquiera conoce». La agresora es legalmente inimputable, debido a que tiene menos de 14 años. La Fiscalía Sur y la PDI investigan el caso como homicidio frustrado y todavía no saben qué lo gatilló. Entonces, si la violencia extrema puede estallar sin un conflicto identificable de por medio, el problema no cabe en el diagnóstico fácil de «falla de convivencia escolar», sino que es más profundo.
La violencia infantojuvenil no tiene una sola causa, y por eso ningún colegio puede neutralizarla actuando solo. Hay impulsividad y salud mental sin diagnosticar en un país que no tiene suficiente psiquiatría infanto-juvenil pública, hay hogares donde la violencia doméstica ya se volvió parte del paisaje, y hay barrios donde la segregación y la pobreza convierten el arma en una forma normalizada de resolver un conflicto. A eso se suma una infancia saturada de contenidos violentos en redes y una cohorte que atravesó la pandemia sin las herramientas socioemocionales para procesarla. Ninguno de estos factores nace en un patio de colegio y, por lo mismo, ninguno se resuelve solo ahí.
Este caso, además, no calza con el patrón clásico del bullying, al no haber vínculo previo entre las niñas. Pero no hace falta conocer la causa exacta de un ataque para saber qué lo habría hecho menos probable. El programa finlandés KiVa, evaluado con más de 150.000 estudiantes, no solo redujo el acoso, además, mejoró la salud mental y la motivación académica de escuelas completas y no solo de los alumnos en conflicto directo. Aquí la lección es que la seguridad no se construye reaccionando al agresor de turno, sino sosteniendo un ambiente donde cada niño sienta que puede aprender sin miedo, porque un cerebro en alerta prioriza la supervivencia sobre la memoria de trabajo.
Hasta el momento en nuestro país la respuesta ha sido, casi exclusivamente, punitiva. La Ley de Convivencia Escolar, despachada en enero, trajo detectores de metales. En junio se sumó «Escuelas Protegidas» con la revisión de mochilas, sanciones por interrumpir clases, registro policial sin orden judicial. Otro proyecto agrava las penas por delitos cometidos en establecimientos educacionales. Vigilar, registrar, sancionar, endurecer penas, todas medidas que actúan después del hecho, ninguna que toque lo que ocurre antes de que un niño llegue a la puerta del colegio con un cuchillo.
Y mientras el Congreso legisla rápido sobre lo punitivo, lo preventivo se desfinancia. El presupuesto 2026 recorta el Plan de Reactivación Educativa y Convivencia Escolar, elimina el Plan Nacional de Tutorías y recorta la retención escolar de los menores en mayor riesgo. El descontento ya no es solo docente, sino que se ha vuelto transversal, y hoy exige explicaciones. Instalar detectores mientras se desfinancia la prevención es incoherente.
Falta, también, una infraestructura comunitaria de convivencia, redes barriales, familias y escuela remando juntas, en vez de imponerla desde el reglamento hacia abajo. Esa misma ausencia se repite, más a menor escala, en el hogar. Sin comunicación con los adultos de referencia, las infancias igual construyen explicaciones para el mundo con los guiones que tienen a mano. Ese aprendizaje ya está formado mucho antes de cruzar la puerta del colegio. Ahí ningún protocolo llega a tiempo.
La seguridad escolar no se resuelve con un detector de metales si, al mismo tiempo, se apaga el programa que atendía a los niños en mayor riesgo. Un país no protege a su infancia anunciando control de acceso mientras recorta lo que la sostiene por dentro. Más que saber qué falló en un colegio de La Granja, se requiere ver qué está dispuesto a financiar un Estado que dice priorizar a sus niños y niñas.
