OPINIÓN. La conveniencia de la FISCALIZACIÓN
Por: Carlos Francisco Subiabre Ruiz
En época electoral una de las palabras que mayor repercusión provoca en diálogos sociales y políticos se llama "FISCALIZACIÓN", todos quieren fiscalizar, y existe un amplio consenso en nuestra sociedad de que en Chile falta FISCALIZACIÓN, convirtiéndose esta palabra en un verdadero flagelo que afecta profundamente al estado. Mucha legislación, normativa y procedimientos, pero pocas herramientas para abordar la demanda que ésto significa. Sin embargo, de forma precaria la tarea de FISCALIZAR igual se enfrenta, al punto que puede convertirse en un problema para empresas y trabajadores que ven amenazado su fuente laboral por incumplimientos a la legislación vigente.
En los últimos días, a través de varios medios de comunicación, se ha manifestado que la industria acuicola se convierte en la industria líder en fiscalización; acusan ser altamente fiscalizados por el estado de Chile, y que su nivel de cumplimiento es de excelencia.
No obstante, la industria acuicola se ha visto enfrentada a una serie de irregularidades que pueden comprometer la viabilidad de sus procesos productivos en la región de Magallanes. Es ahí cuando nace la defensa férrea de dar continuidad productiva a dichas empresas con el objetivo de mantener fuentes laborales, y se busca en forma sistemática olvidar la anhelada "FISCALIZACIÓN" para enfilar hacia el camino de la evasión a lo establecido en la legislación ambiental. No importa como sea, lo importante es dar trabajo.
La fragilidad de la industria acuicola queda en evidencia ante los incumplimientos ambientales y se escuda tras sus trabajadores.
Existe un común denominador en las opiniones de los ciudadanos al momento de referirse a la industria acuicola. Todos apuntan a que debe existir mayor FISCALIZACIÓN, pero nadie menciona las consecuencias que esto podría provocar. Por lo tanto es dable preguntar:
¿Para qué más Fiscalización?
Un verdadero maremoto es lo que vive la empresa Australis Mar, ya que, hace pocos dias se AUTODENUNCIO ante la Superintendencia de medio ambiente (SMA), instancia en la que indicó tener una sobreproducción de 80 mil toneladas correspondiente a 49 ciclos productivos entre el año 2016 y 2022, es decir, una siembra NO autorizada cercana a los 18 millones de peces distribuidos en distintos centros de cultivo localizados en las regiones de Aysen y Magallanes; esto quiere decir que la carga orgánica de los centros de cultivo está absolutamente sobrepasada. Una mala noticia es que 8 de los 33 centros de cultivo involucrados en la sobreproducción de salmónidos se encuentran en áreas protegidas de la patagonia: siete al interior del área marina de la "Reserva forestal Las Guaitecas y uno dentro de la reserva nacional Kawésqar". La autodenuncia es un instrumento de INCENTIVO al cumplimiento regulado en el artículo 41 de la LOSMA y contempla un conjunto de incentivos, puesto que su presentación permite al infractor optar al beneficio de una exención o rebaja de la multa que correspondería aplicar al respecto de la o las infracciones que sean objeto de la autodenuncia, en diversos escenarios dentro del procedimiento sancionatorio.
Luego tenemos el ejemplo de la empresa Nova Austral, lo anterior, en consideración a que dicha empresa percibió alrededor de 60 mil millones de pesos como beneficio tributario contemplado en la Ley Navarino, adulterando información en materia de mortalidad en los centros de acuicultura, además de alterar artificialmente las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y sedimento, todo lo cual le permitió obtener fraudulentamente cuantiosos recursos emanados de la Ley Navarino.
Ante esta problemática han existido manifestaciones sindicales que alzan la voz mencionando no tener apoyo y voluntad de las autoridades regionales para apurar la relocalización de centros de cultivo que tiene la empresa Nova Austral al interior del parque nacional Alberto de Agostini a otras áreas de la región donde puedan mantener actividades productivas y evitar el cierre de la empresa. Cabe recordar que los procedimientos sancionatorios por infracción ambiental en contra de la empresa Nova Austral derivaron en la revocación de permisos ambientales de algunos centros de cultivo en Magallanes.
Dicho esto, ¿Será necesario gastar tantos recursos en fiscalización que involucra a servicios públicos del estado, subsecretaria del Ministerio de Defensa, Armada de Chile, etc.? Si cada vez que se sorprende una infracción al marco regulatorio se utiliza al trabajador como arma de defensa para zafar de posibles condenas reguladas en la normativa ambiental.
La impresión que emana de este tipo de conducta empresarial, es que se deja en un segundo plano el cumplimiento a la legislación y predomina el impacto socioeconómico que provocan sus operaciones.
En conclusión y con pataletas de por medio, la industria acuícola amenaza a los trabajadores con llevarse la pelota para la casa si es que el Estado de Chile los condena por infracción ambiental.
¿Es necesario seguir FISCALIZANDO o es mejor mirar hacia el costado y que toda actividad que tenga generación de empleo haga caso omiso a la legislación ambiental? ¿Cual será el camino correcto?
No queda ninguna duda que la FISCALIZACIÓN es una moneda. Tiene dos caras y un precio.
