LOS HECHOS Y EL DERECHO MANDAN Y NO LAS BUENAS O MALAS INTENCIONES
Ante los graves dichos de autoridad provincial y la insuficiente respuesta institucional
La Delegada Regional Presidencial, doña Ericka Farías Guerra, ante las recientes e inaceptables declaraciones emitidas por el Delegado Presidencial Provincial don Liber Marel Lazo Navarro, por el trágico fallecimiento de un joven menor de edad de nuestra comunidad, anuncio un sumario administrativo, que después de sus palabras quedan dudas reales de la eficacia de esta acción, por el blindaje político que se entrega antes de iniciar el sumario.
Ha existido una condena absoluta de parte de la comunidad, que ha expresado su más profundo rechazo y dolor ante las declaraciones del Delegado Provincial, quién vulnero el deber de reserva, la ética pública y los tratados internacionales de protección a la infancia y expuso públicamente datos sensibles, denostando la memoria del joven fallecido y revictimizando a su familia. Diagnósticos de salud, antecedentes escolares y conjeturas delictuales no forman parte de las competencias de una autoridad para justificar una tragedia humana y también nos hace preguntar quién le entrego esa información, porque ahí hay que perseguir otras responsabilidades y estas, si son administrativas.
Este anuncio es una incompetencia e ineficacia institucional, ya que un sumario administrativo, es una medida burocrática que resulta completamente insuficiente, extemporánea y desconectada de la realidad social ante una falta ética y legal de esta magnitud, realizada por una autoridad de confianza del presidente de la República.
Las palabras de la Delegada Presidencial Regional, son de suma gravedad cuando ante el anuncio del inicio del sumario administrativo, intenta instalar públicamente la premisa de que el Delegado «NO ACTUÓ DE MALA FE». Estos dichos contaminan a priori la objetividad del proceso administrativo y se puede entender como un blindaje político corporativo ante el unánime repudio de la comunidad regional.
En el ámbito del derecho administrativo y la gestión pública, que bien conoce la Delegada Regional, por su profesión de abogada, las intenciones o los estados de ánimo pertenecen a una esfera subjetiva y, por lo tanto, no son comprobables ni bastan para eximir de responsabilidad. Un sumario administrativo no se rige por suposiciones morales, sino por el principio de legalidad y la objetividad. Los hechos son los que mandan y la «buena o mala fe» no anula la negligencia ante las impertinentes declaraciones del “señor” Delegado Liber Lazo, que están alejadas de los estándares de los derechos humanos y que podría caerían en una flagrante ilegalidad.
La Delegada Regional Presidencial, cae en una contradicción jurídica y técnica; en el derecho administrativo la buena fe no borra el hecho de que el Delegado Presidencial expuso datos sensibles de un menor de edad, más aún en el trágico contexto de un suicidio y ha vulnerado de forma flagrante el principio de probidad, el deber de reserva y la obligación de cumplir las leyes chilenas y los tratados internacionales, que otorgan a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Que la autoridad regional argumente que «NO ACTUÓ DE MALA FE», es un error técnico grave, que de antemano contamina la acción que anuncia, la primera autoridad regional no puede ser juez y parte, ni preestablecer atenuantes antes de que el fiscal del sumario investigue. Decir que no hubo mala fe, públicamente es dar una señal de sesgo que debilita la credibilidad del proceso y da las señales de un blindaje político institucional, cuando la presión social y el rechazo de la comunidad son unánimes. Este sumario parece ser una salida institucional, pero meramente cosmético, para calmar la presión social, pero dándole al Delegado Provincial Presidencial, un blindaje político previo para asegurar que la sanción final sea mínima, ante una falta ética y humana de tal magnitud, escudándose en una supuesta «no mala fe», esto solo extiende la agonía política del Gobierno en la zona y profundiza el dolor de la comunidad y la familia afectada.
Los Delegados Presidenciales son de exclusiva confianza del Presidente de la República y del Ministerio del Interior. No se requiere esperar el resultado de un sumario administrativo, que puede durar meses para constatar que el Delegado, ha perdido la idoneidad moral y política para representar al Gobierno. Su permanencia en el cargo es insostenible y arrastra la credibilidad de la propia institución que representa.
En la alta política y la decencia del Estado, ante un hecho consumado de desatención absoluta a los derechos de un menor fallecido, la única salida rápida, limpia y éticamente responsable es la SOLICITUD INMEDIATA DE RENUNCIA, por el respeto a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y porque la decencia del ejercicio del poder, no pueden transarse por consideraciones o lealtades políticas.
