Propuesta Constitucional: los ocho artículos que impedirían la competencia democrática de todas las ideas

Al inicio de la recta final que conducirá al plebiscito del 17 de diciembre, el consejero republicano Luis Silva reconoció que el proyecto constitucional que se ofrecerá al país es “más cómodo” para la derecha. Siguiendo las declaraciones de Silva, CIPER seleccionó las normas que privilegian el pensamiento de derecha y que impedirían la competencia democrática de todas las ideas, tal como lo ha hecho durante 40 años la Constitución instalada por Augusto Pinochet y reformada por Ricardo Lagos. Así como en el anterior proceso de la Convención se favorecían las ideas de la izquierda, ahora son al menos ocho los artículos que hacen lo mismo, pero a la inversa: le aseguran a la derecha que correrá sin competencia en el debate legislativo.

El jueves 26 de octubre el consejero republicano Luis Silva admitió que la propuesta constitucional que se presentará al país es “más cómoda” para la derecha. Lo dijo en radio Duna, provocando la molestia de los otros partidos de derecha. Esto, porque el sector está embarcado en una campaña para convencer al país de que el proyecto es bueno para todos los chilenos, que no es cierto que privilegia al pensamiento de derecha y que, si no es más amplio, es por culpa de la centroizquierda. Y las palabras de Silva parecieran apuntar justo en el sentido contrario de esas ideas. No es la primera vez que el personero republicano (quien obtuvo la primera mayoría en la elección del Consejo) provoca la molestia del resto de la derecha. Lo hizo también a fines de mayo pasado, cuando el Consejo recién partía, y él declaró su admiración por Augusto Pinochet, a quien calificó como un estadista.

Al inicio de la recta final del segundo proyecto constitucional, CIPER revisó la propuesta y seleccionó los artículos que, según las palabras del republicano Luis Silva, hacen que la derecha se sienta “más cómoda” con este proyecto. Son ocho. Entre ellos está el referido a la defensa de la vida, que puede provocar el fin de la ley de aborto en tres causales. De hecho, el 30 de julio pasado, en conversación con T13, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que apenas tengan mayoría en el Congreso intentarán terminar con esa norma. Otros artículos del nuevo proyecto revisados por CIPER impiden la ampliación de derechos laborales y apuntan a mantener el negocio de las AFP y las Isapres. De aprobarse el proyecto constitucional, cuando se discutan leyes sobre cada uno de estos temas, solo las ideas afines a la centroderecha podrán participar en el debate. El resto, quedará excluido.

Mientras la derecha ya comenzó a difundir contenido de campaña por la opción “A favor”, en la izquierda predomina la frustración. La posibilidad que buscaban de moderar el texto en su paso por la Comisión Experta se diluyó con el paso de los días y finalmente se cerró con las decisiones de la Comisión Mixta, donde la derecha votó en bloque y todas las propuestas distintas a las suyas fueron rechazadas.

“Lo que vemos en ellos (la derecha) es que se han ido radicalizando en sus propias posiciones”, aseguró a CIPER un miembro de la Comisión de Expertos que pidió reserva de su nombre.

Entre los opositores al texto la principal crítica es clara: la derecha fue más allá de lo que debería abordar una Constitución y se encargó de instalar en el proyecto una serie de políticas públicas bajo sus propios términos, evitando que el legislador democrático pueda hacer las definiciones en la ley. De esta forma, volvió a dejar en la ilegalidad el pensamiento de la centroizquierda, impidiendo el debate democrático de todas las ideas, lo que es uno de los puntos que durante cuatro décadas se ha criticado a la Constitución de 1980.

“Esta es una propuesta que pretende clausurar y proscribir el debate democrático”, aseguró el pasado lunes 23, en el pleno, el consejero Yerko Ljubetic (CS). Eso es lo que ocurriría en la redacción de los artículos referidos a derechos sociales -salud, educación y pensiones-, el aborto, el agua y el derecho a huelga, entre otros puntos.

“Nuestro gran conflicto siempre fue que no estableciéramos un determinado sistema de provisión mixta de derechos sociales, que es lo que se estila en el derecho comparado. Usted no va a ver en la constitución española, ni en la alemana, ni en la italiana, la forma en que se van a proveer los derechos sociales, sino que se le entrega eso al legislador democrático. Pero, parece que en Chile nos hemos acostumbrado a tratar de cerrar los debates a través de la Constitución”, acota el comisionado Gabriel Osorio (PS).

En esa misma línea, la integrante de la Comisión Experta, Antonia Rivas (CS), sostiene que «más que declarar inconstitucional una cierta postura o una forma de política pública, establece otra (…).

No es que diga expresamente ‘se prohíbe este sistema’, sino que establece otro que, en consecuencia, entenderíamos que es la única posibilidad. Aunque lo más preocupante no es eso, sino el hecho de establecer una política pública en la Constitución. Nosotros insistimos, una y otra vez, no para que nuestras ideas de política pública estuvieran en la Constitución, sino que no estuviera ninguna de las dos».

La experta Catalina Salem (RN) coincide en que el ideal es que una Constitución pueda representar a todos, “pero creo que la falta de acuerdo transversal tiene que ver también con una actitud dentro del proceso en la cual se quisieron plasmar ideas por parte de algunos comisionados expertos de izquierda que no tenían representación en el Consejo Constitucional. Esas ideas se trataron de impulsar desde la Comisión Experta, pero con una falta de sentido de realidad de la representación que existía en el Consejo (con amplia mayoría republicana y de derecha) y creo que eso fue lo que terminó frustrando que existiera este acuerdo transversal. Yo diría que más que un fracaso, es una pérdida de una oportunidad importante para haber cerrado de la mejor manera posible este capítulo constitucional”.

Un comisionado experto de ChileVamos, que pidió la reserva de su nombre, dijo a CIPER que “esta Constitución efectivamente es de derecha, pero ese es un análisis político, no es técnico. Porque yo diría que es una Constitución técnicamente válida de derecha, pero no por eso está mal hecha (…). No nos engañemos, es una Constitución con tintes de derecha. En la Comisión lo teníamos claro, pero no por eso va a ser técnicamente inválida. Vamos a ver si la ciudadanía la quiere o no”.

Dejar fuera de la ley las ideas de un sector de los chilenos es uno de los problemas de origen de la Constitución del 80, mismo error que cometió la Convención Constitucional, dominada por sectores radicales de izquierda. Un problema que se está repitiendo ahora, desde la otra vereda, por la derecha. Al respecto, el mismo experto reconoce esto, pero argumenta que “hay una diferencia fundamental” con la Constitución de 1980, pues ahora una mayoría ciudadanía puede legitimar, en un plebiscito, el texto que excluye ciertas formas de pensamiento: “Yo ahí digo que esa exclusión, esa inconstitucionalidad, es plenamente democrática, porque la ciudadanía así lo ha querido nombrando a sus representantes y votando a favor en un plebiscito. Ahora, coincido en que la Constitución del 80 dejó fuera formas de pensar, pero impuestas en dictadura, no le preguntaron a nadie”.

CIPER conversó con los expertos de ambos bandos e identificó al menos ocho normas en las que el texto impone la visión de la derecha como única alternativa, lo que implicaría reducir el margen de acción del Congreso Nacional en el debate a futuro y, al mismo tiempo, podría provocar que las diferencias deban zanjarse ante tribunales, si es que el texto se aprueba en el plebiscito del 17 de diciembre.

1. ABORTO

La discusión sobre el inciso 1 del Artículo 16, que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, sigue generando un amplio debate en el mundo académico por los alcances que puede generar en la actual ley de aborto en tres causales. Según destacados expertos en derecho, como Luis Villavicencio, ese cambio abre una compuerta para el objetivo reconocido por los republicanos y parte de la derecha de intentar declarar inconstitucional ese cuerpo legal.

La derecha ha argumentado que se ofreció, en la revisión que hizo la Comisión Experta, mantener la redacción vigente en la Constitución de 1980, bajo la cual se aprobó la ley de aborto en tres causales, pero que la izquierda lo rechazó. Pero, a juicio del mundo progresista, la redacción de la Constitución actual no asegura que la norma no sea derogada. De hecho, cuando fue aprobada por el Congreso, en 2017, la derecha la llevó al Tribunal Constitucional (TC) para impedir su promulgación. En esa oportunidad, el TC, por seis votos a favor y cuatro en contra, no aceptó el requerimiento de la derecha y declaró válida la ley. Pero los cuatro votos de minoría argumentaron precisamente que la nueva norma vulnera la protección de la vida “del que está por nacer” establecida en la Constitución de 1980. Así, tanto el texto vigente como el propuesto permiten una interpretación que puede terminar derogando la ley.

Entre los consejeros y comisionados de centroizquierda justifican haber rechazado la propuesta para mantener la redacción de la Constitución actual porque, según explican, el problema no se solucionaba cambiando solo la redacción de ese único artículo: “El mejor escenario que teníamos era volver a la Constitución del 80, pero con una redacción reforzada en materia de niñez que dice que ‘niño es todo ser humano menor de 18 años’”, explica la experta Antonia Rivas (CS), haciendo referencia al artículo 13 del texto.

“Esa frase, que ha sido muy poco discutida, ha sido usada en contra de la píldora del día después, contra la ley de aborto en tres causales en el Tribunal Constitucional, para decir que la vida humana comienza desde la concepción”, asegura Rivas. “A mi juicio, esa norma es la que pone en riesgo con fuerza la ley del aborto en tres causales. Más que el ‘quien’ y el ‘que’, pero se negaron a sacarla”.