La Probidad en la administración pública

Por: Antonieta Oyarzo A.

Los actos administrativos relativos al finiquito del secretario de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales,  Alejandro Velásquez Ruiz por la suma de $43.000.000 millones y fracción, y luego su inmediata contratación y reincorporación a sus funciones, sin duda alguna, causó impacto y una gran molestia ciudadana, la cual comparto plenamente. Este hecho, cuya legalidad ha sido defendida tanto por la autoridad alcaldicia como por el mismo destinatario de dicho finiquito, es el fiel reflejo de lo que la ciudadanía no quiere y cuestiona: decisiones y acciones que si bien se dan dentro de un marco legal, están reñidas con la ética y lo que ciudadanamente es correcto. En la administración pública debe primar el uso eficiente de los recursos de cualquier sector y, más aún, en educación, y la toma de decisiones se debe efectuar en un marco de transparencia y estricto cumplimiento a la probidad administrativa, como garantía de respuesta a la fe pública que la ciudadanía deposita, en este caso, en la autoridad alcaldicia. Es fundamental que la administración pública no dependa del criterio, formación valórica o integridad moral de quien representa una comuna, sino que se deben instalar en el modelo de gestión administrativo y político municipal procesos administrativos sólidos y claros, como asimismo mejores herramientas de control interno y establecer canales de información y socialización de la toma de decisiones, involucrando a todos los actores en forma participativa y vinculante. Este cuestionado acto administrativo necesariamente debe sentar un precedente para generar un mayor control social ciudadano frente a las prácticas públicas y dar pie a la valorización de una futura administración y gestión basada en buenas prácticas laborales, respeto a las personas, diálogo permanente y trabajo en conjunto en relación de co-responsabilidad. Hoy, en medio de una compleja crisis social y sanitaria sin precedentes, más que nunca es necesario dar una señal clara a la ciudadanía de una administración pública transparente y honrada, no sólo correcta en lo legal, sino que, ajustada a la ética más elemental. No podemos avalar actos que burlan las confianzas ciudadanas y dejan al descubierto la fragilidad del sistema respecto a la garantía de probidad que todo acto administrativo intrínsecamente debe poseer.